El Brexit y los territorios dependientes de Reino Unido

Aunque la fiscalidad de estas zonas se volverá más atractiva, el cambio probablemente no será demasiado radical

El Brexit y los territorios dependientes de Reino Unido

Es evidente que el Brexit tendrá consecuencias no solamente para la UE y para el Reino Unido, sino también para sus territorios dependientes y de ultramar. El Reino Unido tiene 14 territorios de ultramar que no son considerados territorios dependientes de la corona inglesa (nombres tan sonados como las islas Vírgenes Británicas, las islas Cayman, Montserrat, Bermudas, las islas Falkland, etc) y otros que sí forman parte de la corona, aunque son gobernados de forma independiente (Guernesey, Jersey o la Isla de Man).

Tanto los de ultramar como los dependientes de Reino Unido han sido calificados en algún momento como paraísos fiscales por organismos internacionales como la OCDE o la UE por su laxa o nula tributación, por su secreto bancario reconocido en su carta magna, por sus casos de blanqueo de capitales, así como por el nulo intercambio de información fiscal con otros países. Muchos de ellos siguen en el listado de ambos organismos, aunque algunos, como Bermuda, han salido sorprendentemente hace unos meses del listado de paraísos fiscales de la UE.

Jersey, Guernsey y la Isla de Man, pese a que Tax Justice los haya recientemente calificado, tras un minucioso estudio –no como otras ONGs que trabajan con datos desactualizados– que los tres están entre los peores paraísos fiscales a nivel mundial, no están en el listado de la UE, dado que este no incorpora a sus Estados miembros ni a sus territorios dentro de su listado, con el pretexto que la normativa sobre buena gobernanza se aplica dentro de la UE a todos sus miembros y, por ende, a todos los territorios que dependan de sus Estados miembros (es decir, Jersey, Guernsey, Isla de Man e incluso Gibraltar). Tampoco son considerados como paraísos fiscales por la OCDE conforme a los estándares actualmente vigentes.

Gibraltar es el único territorio de ultramar que forma parte de la Unión Europea (UE). Gibraltar tiene autonomía respecto a Reino Unido, puede aprobar su propia normativa (entre ellas las relativas a materia tributaria) y se gobierna de forma autónoma. A Gibraltar se le aplica la normativa de la UE en casi su totalidad (por ejemplo, no se le aplica la normativa de IVA) y puede votar desde 2004 a los representantes de Reino Unido en el Parlamento Europeo, pudiendo también participar en el referéndum relativo al Brexit (un 96% votó en contra). Sin embargo, la representación internacional de dicho territorio, la firma de acuerdos internacionales o incluso de convenios de cooperación e intercambio de información se negocian a través de Reino Unido y así se establece por el artículo 355.3 del Tratado de funcionamiento de la UE.

Gibraltar presionó para estar comprendido en el ámbito de aplicación del acuerdo de salida entre la UE y Reino Unido. España se negó y en una Declaración del Consejo Europeo y de la Comisión Europea se estableció que los acuerdos entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar se harían de forma separada y requerirán la previa aprobación de España. Veremos en un futuro si dicha declaración se cumple, dado que no es tan vinculante como nos contaron.

No podemos obviar que España, el pasado 15 de marzo de 2019, aprobó un acuerdo internacional en materia de fiscalidad entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar. El acuerdo no es la panacea, dado que deja muchos temas importantes sin abordar, pero tiene como principal objetivo el establecer unas reglas claras para resolver los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España. Todos los acuerdos de cooperación fiscal e intercambio de información que se firmen con Reino Unido sobre Gibraltar son muy positivos y deberían entrar en vigor lo antes posible. Solo a través de dichos acuerdos, Gibraltar, dejará de ser para España, ese territorio opaco, paraíso fiscal y refugio de los que han pretendido evadir durante décadas impuestos.

A raíz del Brexit se especula sobre lo que puede pasar con dichos territorios e incluso con el mismo Reino Unido, cuya City (barrio financiero de Londrés) fue catalogada en su día como paraíso fiscal. Tengamos en cuenta que la crisis financiera desvió inversiones desde Reino Unido a Hong-Kong y ahora están volviendo a Reino Unido por el delicado momento que sufre Hong-kong.

A ello le debemos unir que ya no quedarán, ni Reino Unido ni sus territorios dependientes y de ultramar, bajo el yugo de la UE en lo referente tanto a la fiscalidad como al control de las ayudas de estado fiscales. Tampoco nada impedirá que, si la UE lo considera, analice a dichos territorios, antes exentos de revisión, para integrales o no en su listado de paraísos fiscales.

Parece claro que, según lo avanzado por Boris Johnson, por un lado, se protegerán los intereses y las inversiones de los territorios de Reino Único y por otro, se va a llevar a cabo una reforma fiscal en Reino Unido, con el objeto adoptar una fiscalidad más atractiva para multinacionales extranjeras que desde allí operen en territorio Emea (entre ellas las norteamericanas o chinas, que ya no tendrán que someterse a la regulación de Bruselas). También se pretende implementar definitivamente el principio de tributación territorial, gracias al cual sus entidades residentes solo tributarán por los beneficios obtenidos en Reino Unido, no por los obtenidos fuera de su frontera.

Un apartado especial estará dedicado a atraer a rentas altas que actualmente residen en otros países (cantantes, escritores, deportistas…), se les ofrecerá una fiscalidad reducida y la posibilidad de tributar solamente por lo que obtengan en Reino Unido. Tras el Brexit nadie se lo podrá impedir, son libres de crear su propia fiscalidad a la carta.

Boris Johnson, como su nuevo gran aliado comercial Donal Trump, no son conocidos por su mesura, por lo que todo puede suceder. No obstante, si bien la fiscalidad de Reino Unido y de sus territorios se volverá más atractiva, no creo que el cambio sea muy radical, todo depende del acuerdo de salida que se firme con la UE, además no olvidemos que el Reino Unido es miembro de la OCDE y en este club sí quiere permanecer.

Patricia Lampreave es abogado y ex policy- manager de la Comisión Europea en asuntos fiscales y de ayudas de estado