Colaborar con el supervisor y aumentar la transparencia

Implantar canales de denuncia en las empresas no solo es un reto legislativo, sino también corporativo

Los buzones para denunciar, bajo protección y sin represalias, posibles infracciones y delitos se han ido abriendo camino en los últimos años en legislaciones y empresas y todo apunta a que acabarán generalizándose como medio de defender la legalidad en muy distintos ámbitos. No se trata de una figura nueva ni forma parte de la tradición jurídica europea, sino que nació en EE UU, donde desde el siglo XVIII se extendió la cultura del whisteblowing o de la delación, que animaba a los ciudadanos que tuviesen conocimiento de algún fraude contra el Estado a denunciarlo bajo la promesa de no sufrir represalias. De allí se fue extendiendo a todo tipo de organizaciones y empresas y se ha integrado también en numerosos códigos de gobierno corporativo. El pasado enero, la CNMV inauguró su propio de canal de denuncias, contemplado en un reglamento europeo de julio de 2016, con el fin de permitir comunicar al supervisor posibles infracciones de la normativa de mercados, especialmente en lo que se refiere al abuso de mercado en su doble vertiente: uso de información privilegiada y manipulación de precios.

Pero Bruselas ha decidido dar un paso más en este sentido e impulsar una regulación que permita realizar las denuncias en las propias empresas, que deberán contar con canales que animen a reportar conductas irregulares en cualquier ámbito. Tanto los soplos que denuncien infracciones de la legislación del mercado de valores como del resto dispondrán, además, de escudos específicos para evitar posibles consecuencias. La norma entrará en vigor el próximo 16 de diciembre, pero habrá que esperar a la adaptación al derecho español y contar, lamentablemente, con los retrasos que ello suele traer consigo.

La aplicación de la futura norma en las empresas deberá incluir garantías de protección al denunciante, así como medio de corrección de posbles represalias, lo que incluye la reintegración al puesto de trabajo, si se produce un despido, y la asistencia jurídica, financiera y psicológica. Aunque la idea que inspira la norma es preservar la libertad y desterrar el miedo a la hora de denunciar una infracción, ello debe hacerse sin generalizar al mismo tiempo en las empresas una cultura de la delación que tiene en sí misma sus propios riesgos. Se trata de un reto que no es solo legislativo, sino también corporativo, y que puede reforzar la labor de supervision de la CNMV y aumentar la transparencia en los mercados.